PREVARICATO

El prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.

La prevaricación se encuentra tipificada en el Código Penal de la mayoría de los países, y se considera un delito grave, ya que supone una violación de la confianza que la sociedad deposita en los servidores públicos.

Los elementos esenciales del prevaricato son los siguientes:

• El sujeto activo: Debe ser un servidor público, es decir, una persona que ejerce funciones públicas.
• El sujeto pasivo: Puede ser cualquier persona, física o jurídica, que tenga un interés legítimo en el asunto en el que se dicte la resolución arbitraria.
• El objeto material: Es la resolución arbitraria, es decir, la decisión que se toma en contra de la ley y la justicia.
• El elemento subjetivo: El dolo, es decir, la intención de dictar una resolución arbitraria.

La prevaricación puede ser de dos tipos:

• Prevaricato por acción: Se produce cuando el servidor público dicta una resolución arbitraria.
• Prevaricato por omisión: Se produce cuando el servidor público omite el cumplimiento de un deber legal, lo que lleva a dictar una resolución arbitraria.

Las penas por prevaricación pueden variar en función de la gravedad del delito. En general, las penas previstas son de prisión de uno a cinco años, y multa de seis a doce meses.

Algunos ejemplos de prevaricación son los siguientes:

• Un juez que dicta una sentencia injusta a sabiendas de que es injusta.
• Un funcionario que otorga una licencia de construcción a una empresa que no cumple los requisitos legales.
• Un policía que detiene a una persona sin pruebas suficientes.

La prevaricación es un delito grave que puede tener consecuencias muy negativas para las personas afectadas. Por ello, es importante que los servidores públicos sean conscientes de las responsabilidades que conlleva su cargo, y que actúen siempre de acuerdo con la ley y la justicia.

Jueces preferidos por el MP son usados para dictar resoluciones contrarias a la constitución.

Las resoluciones contrarias a la Constitución son aquellas que violan los derechos y garantías fundamentales establecidos en la Carta Magna. Estas resoluciones pueden ser emitidas por cualquier autoridad pública, ya sea legislativa, judicial o administrativa.

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico de un Estado. Por lo tanto, cualquier resolución que la viole es nula de pleno derecho. Esto significa que no tiene ningún efecto legal y que puede ser impugnada ante los tribunales.

La impugnación de las resoluciones contrarias a la Constitución se puede realizar a través de la acción de inconstitucionalidad. Esta acción puede ser promovida por cualquier persona, ya sea física o jurídica, que considere que una resolución es contraria a la Constitución.

Algunos ejemplos de resoluciones contrarias a la Constitución son:

• Una ley que establece una pena de muerte para un delito que no está previsto en la Constitución.
• Una resolución judicial que priva de la libertad a una persona sin una orden judicial.
• Una resolución administrativa que discrimina a una persona por su raza, religión o sexo.

La declaración de inconstitucionalidad de una resolución tiene importantes consecuencias jurídicas. En primer lugar, la resolución queda sin efecto, por lo que no puede ser aplicada. En segundo lugar, la resolución puede dar lugar a la responsabilidad de los funcionarios públicos que la emitieron.

La declaración de inconstitucionalidad de una resolución también puede tener un efecto simbólico importante. Puede enviar un mensaje de que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y que no se puede violar impunemente.

En Guatemala, la acción de inconstitucionalidad está regulada por la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Esta ley establece los requisitos y el procedimiento para impugnar una resolución contraria a la Constitución.